LA DESGRAVACIÓN FISCAL EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO PRIVADO

abril 11, 2011

Os presento este imprescindible artículo, escrito por Toni Tuà, que ya ha colaborado otras veces en este blog y a quien agradezco mucho el esfuerzo de síntesis.

Os recomiendo leerlo al completo. Destaco algunas ideas, a modo de resumen.

Esta propuesta, hecha por el Gobierno de Cataluña, una subvención al sector privado, trata de reinstaurar la bonificación fiscal de las pólizas de seguro privado, lo que fue abolida por el Gobierno del Estado, del PP, cuando era Ministro de Hacienda Rodrigo Rato, alegando la detección de importantes abusos en la aplicación de la bonificación fiscal. Rato, a cambio implantó la bonificación en el impuesto de sociedades de los empresarios que acordaban la compra de pólizas colectivas para los trabajadores de sus empresas, como salario diferido en especies, lo que también están exentos de declaración los propios trabajadores .

Es lo que ahora el Gobierno catalán quiere aprobar, muy en línea con la dirección que está dando al Departament de Salut su Consejero Ruiz y que también se habló con la Consejera Geli, en la anterior legislatura.

MITO 1: DE LA EFICIENCIA SUPERIOR DEL SEGURO PRIVADO
“… La práctica de la atención sanitaria prestada por el seguro privado sufre los mismos” vicios “que se le reprochan a la atención pública, con el añadido de que el seguro privado tiene el hándicap real de la selección de riesgos, que impide la equidad de acceso a grupos de población con patologías ciertas, graves y / o crónicas, o de probable ocurrencia, así como discriminación de precio por sexos o por edades … ”

Recordemos una de estas discriminaciones, triste y vergonzosa, que tuvo que ser resuelta, mediante la Ley de igualdad de sexos, en 2009 “prohíbe la penalización, en el coste de la prima, de las mujeres en edad fértil”. Las mujeres penalizadas por la posibilidad de parir.

El Gobierno actual de CiU argumenta:
“La no utilización de los servicios públicos por parte de las personas que tienen voluntariamente una doble cobertura de servicios sanitarios produce un ahorro importante”, librándolo de presión asistencial “y sin ningún tipo de perjuicio para el Sistema Nacional de Salud”.

MITO 2: EL AHORRO PARA EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
Sólo en tramos muy concretos de edades y servicios (jóvenes con menos patologías y atención primaria y visitas al especialista o partos y cirugía menor).
Cuando hay más gasto (patología aguda, crónica, procesos complicados y alta especialización), se utiliza más el servicio público.
Sin hablar de la prestación farmacéutica, que la gran mayoría de pólizas no contemplan, mientras que la pública subvenciona el 60% a las personas activas y al 100% en las pasivas.

MITO 3: EL PERJUICIO AL SEGURO PÚBLICO
El ahorro de dinero público y de presión asistencial que, dicen, se produce en el sistema nacional de salud con el doble aseguramiento de una parte de la población, se hace en una cuantía y en unos servicios que no justifican la pérdida de ingresos que provocaría la pretendida desgravación fiscal (en el tramo del IRPF que recauda directamente Cataluña). Podríamos estar hablando de unos 200 millones de € al año, que sumados, por ejemplo,a la propuesta de eliminación del impuesto de sucesiones para las mayores fortunas, otros 200 millones de € mes, llegamos a la cifra de unos 400 millones de € al año de menos ingreso de recursos de la Generalitat (cuando ellos mismos hablan de un déficit en el Servicio Catalán de la Salud de unos 850 millones de €). Y por otra parte se niegan a rebajar el importe del billete de “cercanías”, ya que representa una merma anual de ingresos de unos 29 millones de €!.

LOS PROBLEMAS PARA LOS PROFESIONALES Y CIUDADANOS
Ya que son los que deben aceptar transcribir el tratamiento, las recetas y pruebas diagnósticas, prescritas por otro profesional, pero bajo su responsabilidad. Ya tenemos los ingredientes para posibilitar enfrentamientos en los que ni el profesional ni el ciudadano deberían estar.
Sí, la instrucción que vemos en los centros de salud dice que el profesional no tiene la obligación de hacerlo, pero no lo prohíbe por la sencilla razón de que no se puede prohibir, por la propia Ley de la Seguridad Social.

QUE SE ESCONDE DETRÁS DE TODO ESTO
Como siempre, el dinero. La tendencia a la baja del seguro privado, con perspectivas pesimistas, el incremento de los costes, sea por vía de la factura de los profesionales, sea por la demanda de los asegurados, hace que la solución, como casi siempre, la lleve, vía deducción impuestos, el estado, o sea, la ciudadanía; eso sí, sin transparencia, sin participación y claro, nunca podemos olvidar que una póliza es un contrato, renovable año tras año y susceptible de no renovarse por cualquiera de las dos partes.

Hay un último apartado que enumera la parte del sistema público que ya gestiona el sector privado y que será objeto de otro post más exhaustivo y de análisis cualitativo. Ilustrado en números resulta: para el año 2009, la financiación del CatSalut para el “sector concertado” fue de 4.390 millones de € (el 47% del presupuesto total del departamento de Salud), y la gestión directa de los hospitales propios de la administración (ICS) fue de 2.746 millones de €.

Creo que debemos hablar de sector concertado, en lugar de sector privado, “que no es lo mismo, pero es igual”

Las conclusiones del artículo de Toni Tuà

1) El largo proceso de instauración, en nuestro país, de la cobertura pública de la atención sanitaria, ha logrado unos niveles de protección tanto en la población cubierta como en el catálogo de prestaciones, que se ha de reconocer y preservar como pieza principal para el mantenimiento de la cohesión social, junto con la enseñanza y el sistema de pensiones.

2) El modelo del que nos hemos dotado es reconocido como uno de los más eficientes del mundo, tanto desde el punto de vista social como económico. La comparación con los sistemas de varios países de nuestro entorno así lo confirma.

3) En ningún momento ha sido demostrado que la gestión privada de la atención sanitaria, así como su seguro, obtengan unos mejores resultados coste-efectivos, en igualdad de niveles de cobertura poblacional y prestación de servicios.

4) La intención de desplazamiento, por parte de la administración, del seguro y las prestaciones de salud desde el sector público al privado no mejora la eficiencia, en su conjunto, tal como se puede comprobar en países donde se ha realizado este desplazamiento. Sencillamente se ha dado más protagonismo y participación al “sector negocios”, incrementando los costes de transacción, y por tanto disminuyendo la eficiencia global.

5) El sistema público de salud, que como toda actividad es susceptible de mejora, debe corregirse y readaptarse por sí mismo, mediante la implicación de todos los actores concernidos: administración, profesionales y pacientes. Modificando procesos, mejorando actitudes, con voluntad política, transparencia de gestión, implicación profesional y participación de la ciudadanía.

6) No es aceptable que, al mismo tiempo que se piden sacrificios a los profesionales y a los ciudadanos, por falta de recursos públicos, la administración plantee subvenciones para la actividad privada y deprecie ingresos de aquellos que están en condiciones sobradas para contribuir.

Toni Tuà Molinos y Olga Fernández Quiroga

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Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales “de la Seguridad Social”

febrero 6, 2011

Agradezco a Toni Tuà el lujo de contar con su conocimiento para hacer este artículo, en el que yo únicamente he añadido los enlaces, y que nos explica, con su habitual didactismo, todo lo que queríamos saber y nunca sabíamos a quién preguntar. Evidentemente era a él.

Las Mutuas nacieron hace 106 años (Ley Dato de 1904) como “Mutuas Patronales” para cubrir una necesidad que no tenía otra cobertura: la protección de los trabajadores que sufrían un accidente laboral (para que recuperaran su salud y así retornar lo antes posible al trabajo). Eran asociaciones de empresarios y el gasto iba a su cargo. No era un interés altruista de los patrones, ya que si los obreros no volvían al trabajo tenían que “enseñar de nuevo a un aprendiz”.

Con posterioridad alcanzaron el papel de “mutualidades de previsión social”, al cubrir también la atención a las enfermedades comunes, tanto de los trabajadores como de sus familias ya que no existía el seguro del Estado.

En 1.964 cambió radicalmente la situación con la promulgación de la Ley de Bases de la Seguridad Social (SS), que instauraba el seguro obligatoria para las contingencias públicas. En el preámbulo de esta ley ya se planteaba que las mutuas de accidentes estaban destinadas a desaparecer. No tiene ningún sentido la “separación administrativa” entre contingencia laboral y contingencia común, pues se tratan las mismas patologías de los trabajadores/as en sistemas de atención sanitaria diferentes por el solo hecho de producirse la contingencia dentro o fuera de la empresa. Así pues, se consagraba la continuación de las Mutuas como “entidades colaboradoras de la SS”, a pesar de que siguen siendo Mutuas Patronales, pues su Consejo de Administración está compuesto exclusivamente por empresarios afiliados a la mutua (y un trabajador de la propia mutua).

Hasta el día de hoy, y a pesar de la promulgación de las nuevas legislaciones de SS (1974 y 1996), no se ha producido la integración de las dos redes de atención sanitaria, laboral y común, que sería lo normal en un país donde la cobertura pública es Universal. Al contrario, los diferentes gobiernos, tanto del PSOE como del PP, les han ido ampliando las competencias de colaboración en la gestión del subsidio de baja laboral por contingencia común. Incluso, hace unos días, el Gobierno les ha encomendado la cobertura de una prestación social, como es el subsidio de baja laboral por cuidado de hijos con enfermedades graves, que no tiene nada que ver con las prestaciones por contingencias laborales

Incongruencias del sistema
• La determinación de si existe contingencia (lo que quiere decir asistencia sanitaria y subsidio de baja laboral) lo determina en primera instancia una entidad patronal que es “arte y parte” y no el Sistema Nacional de Salud que es “neutral”.
• Al existir dos redes de atención sanitaria (la de las Mutuas y la del Sistema Público de Salud) las mutuas tienen tendencia a considerar, en un porcentaje importante, como Contingencia Común la que es Profesional, derivando a la  atención del sistema público un porcentaje elevado de trabajadores/as que deberían ser atendidas en sus servicios (según manda la ley). Esto tiene tres consecuencias negativas inmediatas:
1. Los trabajadores/as cobran menos dinero de subsidio de baja (60% del sueldo desde el 4º día de baja en lugar del 75% desde el 1er. día).
2. El subsidio pasa a pagarlo la SS en vez de la Mutua, en los casos en que ésta, no lo gestione directamente.
3. La atención sanitaria pasa a ser cubierta por el Sistema Público de Salud en todos los casos.

Otra consecuencia añadida es todo el proceso administrativo y de inspección médica que se inicia por parte de las personas afectadas al presentar reclamación de la actuación de la mutua, con el consecuente gasto en recursos públicos, tanto humanos como materiales, sin consecuencias de responsabilidad para las mutuas.

La motivación por la que el Gobierno del Estado decidió otorgar la gestión del subsidio de baja laboral por contingencia común a las mutuas, fue el interés por rebajar el índice de absentismo laboral (término en el que nunca hubo acuerdo entre administración, patronales y sindicatos), pensando que el Servicio Público de Salud era demasiado laxo y las mutuas “pondrían orden”, rebajando este índice de absentismo (que, por cierto, está por debajo del índice de los países europeos más avanzados). Pero lo cierto es que, ya en dos ocasiones, la SS ha tenido que incrementar la cuota de cotizaciones que transfiere a las mutuas para la gestión de la IT por Contingencia Común para que no les provoque déficit de gestión.

A pesar de que las mutuas consolidan la aprobación de su presupuesto con los Presupuestos Generales del Estado y se someten a una auditoría anual por parte del Ministerio de Trabajo, recurrentemente se han ido descubriendo graves irregularidades de gestión, abusos en los sueldos y blindajes de despido de los directivos, lo que ha llevado al Ministerio de trabajo a tener que someter a intervención alguna de las mutuas importantes, fijando incompatibilidades entre directivos y familiares con empresas montadas para contratar con la mutua y en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2011 legislar sobre los topes máximos en los sueldos de los directivos (que están muy por encima de los sueldos de Directores Generales de Ministerio y Secretarios de Estado), ya que los recursos que gestionan son cuotas a la SS, o sea dinero público (más de 8.000 millones € para el 2009).

En definitiva, las mutuas de accidentes continúan existiendo (como “entidades sin ánimo de lucro“) por la enorme presión del lobby empresarial para:
– Mantener directamente el control sobre la salud de los trabajadores/as.
– Controlar la gestión de miles de millones de dinero público.
– Disfrutar de los abusivos sueldos de los directivos.
– Condicionar la red de atención sanitaria privada que tiene concertada.

Aquí dejamos  el enlace al Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, del Sindicato Comisiones Obreras, con dos apartados:

Vale la pena echarle una ojeada al Sistema de Reclamaciones. Surgen preguntas como ¿Por qué la ciudadanía no podemos tener  conocimiento de cuáles son estas reclamaciones? ¿De cómo se resuelven, si es que lo hacen? ¿De cómo podrían servir para mejorar nuestro Sistema de Salud?¿De si se promueve y se aprovechan no sólo como reclamaciones sino como conocimiento? Hablamos de transparencia, de datos abiertos, de colaboración, de Servicio Público, de participación.

Toni Tuà Molinos y Olga Fernández Quiroga