LA DESGRAVACIÓN FISCAL EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO PRIVADO

Os presento este imprescindible artículo, escrito por Toni Tuà, que ya ha colaborado otras veces en este blog y a quien agradezco mucho el esfuerzo de síntesis.

Os recomiendo leerlo al completo. Destaco algunas ideas, a modo de resumen.

Esta propuesta, hecha por el Gobierno de Cataluña, una subvención al sector privado, trata de reinstaurar la bonificación fiscal de las pólizas de seguro privado, lo que fue abolida por el Gobierno del Estado, del PP, cuando era Ministro de Hacienda Rodrigo Rato, alegando la detección de importantes abusos en la aplicación de la bonificación fiscal. Rato, a cambio implantó la bonificación en el impuesto de sociedades de los empresarios que acordaban la compra de pólizas colectivas para los trabajadores de sus empresas, como salario diferido en especies, lo que también están exentos de declaración los propios trabajadores .

Es lo que ahora el Gobierno catalán quiere aprobar, muy en línea con la dirección que está dando al Departament de Salut su Consejero Ruiz y que también se habló con la Consejera Geli, en la anterior legislatura.

MITO 1: DE LA EFICIENCIA SUPERIOR DEL SEGURO PRIVADO
«… La práctica de la atención sanitaria prestada por el seguro privado sufre los mismos» vicios «que se le reprochan a la atención pública, con el añadido de que el seguro privado tiene el hándicap real de la selección de riesgos, que impide la equidad de acceso a grupos de población con patologías ciertas, graves y / o crónicas, o de probable ocurrencia, así como discriminación de precio por sexos o por edades … »

Recordemos una de estas discriminaciones, triste y vergonzosa, que tuvo que ser resuelta, mediante la Ley de igualdad de sexos, en 2009 «prohíbe la penalización, en el coste de la prima, de las mujeres en edad fértil». Las mujeres penalizadas por la posibilidad de parir.

El Gobierno actual de CiU argumenta:
«La no utilización de los servicios públicos por parte de las personas que tienen voluntariamente una doble cobertura de servicios sanitarios produce un ahorro importante», librándolo de presión asistencial «y sin ningún tipo de perjuicio para el Sistema Nacional de Salud».

MITO 2: EL AHORRO PARA EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
Sólo en tramos muy concretos de edades y servicios (jóvenes con menos patologías y atención primaria y visitas al especialista o partos y cirugía menor).
Cuando hay más gasto (patología aguda, crónica, procesos complicados y alta especialización), se utiliza más el servicio público.
Sin hablar de la prestación farmacéutica, que la gran mayoría de pólizas no contemplan, mientras que la pública subvenciona el 60% a las personas activas y al 100% en las pasivas.

MITO 3: EL PERJUICIO AL SEGURO PÚBLICO
El ahorro de dinero público y de presión asistencial que, dicen, se produce en el sistema nacional de salud con el doble aseguramiento de una parte de la población, se hace en una cuantía y en unos servicios que no justifican la pérdida de ingresos que provocaría la pretendida desgravación fiscal (en el tramo del IRPF que recauda directamente Cataluña). Podríamos estar hablando de unos 200 millones de € al año, que sumados, por ejemplo,a la propuesta de eliminación del impuesto de sucesiones para las mayores fortunas, otros 200 millones de € mes, llegamos a la cifra de unos 400 millones de € al año de menos ingreso de recursos de la Generalitat (cuando ellos mismos hablan de un déficit en el Servicio Catalán de la Salud de unos 850 millones de €). Y por otra parte se niegan a rebajar el importe del billete de «cercanías», ya que representa una merma anual de ingresos de unos 29 millones de €!.

LOS PROBLEMAS PARA LOS PROFESIONALES Y CIUDADANOS
Ya que son los que deben aceptar transcribir el tratamiento, las recetas y pruebas diagnósticas, prescritas por otro profesional, pero bajo su responsabilidad. Ya tenemos los ingredientes para posibilitar enfrentamientos en los que ni el profesional ni el ciudadano deberían estar.
Sí, la instrucción que vemos en los centros de salud dice que el profesional no tiene la obligación de hacerlo, pero no lo prohíbe por la sencilla razón de que no se puede prohibir, por la propia Ley de la Seguridad Social.

QUE SE ESCONDE DETRÁS DE TODO ESTO
Como siempre, el dinero. La tendencia a la baja del seguro privado, con perspectivas pesimistas, el incremento de los costes, sea por vía de la factura de los profesionales, sea por la demanda de los asegurados, hace que la solución, como casi siempre, la lleve, vía deducción impuestos, el estado, o sea, la ciudadanía; eso sí, sin transparencia, sin participación y claro, nunca podemos olvidar que una póliza es un contrato, renovable año tras año y susceptible de no renovarse por cualquiera de las dos partes.

Hay un último apartado que enumera la parte del sistema público que ya gestiona el sector privado y que será objeto de otro post más exhaustivo y de análisis cualitativo. Ilustrado en números resulta: para el año 2009, la financiación del CatSalut para el «sector concertado» fue de 4.390 millones de € (el 47% del presupuesto total del departamento de Salud), y la gestión directa de los hospitales propios de la administración (ICS) fue de 2.746 millones de €.

Creo que debemos hablar de sector concertado, en lugar de sector privado, «que no es lo mismo, pero es igual»

Las conclusiones del artículo de Toni Tuà

1) El largo proceso de instauración, en nuestro país, de la cobertura pública de la atención sanitaria, ha logrado unos niveles de protección tanto en la población cubierta como en el catálogo de prestaciones, que se ha de reconocer y preservar como pieza principal para el mantenimiento de la cohesión social, junto con la enseñanza y el sistema de pensiones.

2) El modelo del que nos hemos dotado es reconocido como uno de los más eficientes del mundo, tanto desde el punto de vista social como económico. La comparación con los sistemas de varios países de nuestro entorno así lo confirma.

3) En ningún momento ha sido demostrado que la gestión privada de la atención sanitaria, así como su seguro, obtengan unos mejores resultados coste-efectivos, en igualdad de niveles de cobertura poblacional y prestación de servicios.

4) La intención de desplazamiento, por parte de la administración, del seguro y las prestaciones de salud desde el sector público al privado no mejora la eficiencia, en su conjunto, tal como se puede comprobar en países donde se ha realizado este desplazamiento. Sencillamente se ha dado más protagonismo y participación al «sector negocios», incrementando los costes de transacción, y por tanto disminuyendo la eficiencia global.

5) El sistema público de salud, que como toda actividad es susceptible de mejora, debe corregirse y readaptarse por sí mismo, mediante la implicación de todos los actores concernidos: administración, profesionales y pacientes. Modificando procesos, mejorando actitudes, con voluntad política, transparencia de gestión, implicación profesional y participación de la ciudadanía.

6) No es aceptable que, al mismo tiempo que se piden sacrificios a los profesionales y a los ciudadanos, por falta de recursos públicos, la administración plantee subvenciones para la actividad privada y deprecie ingresos de aquellos que están en condiciones sobradas para contribuir.

Toni Tuà Molinos y Olga Fernández Quiroga